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Después de la presentación del paquete Fit for 55, la Agenda de la Comisión supone grandes desafíos en materia de legislación ambiental para finales de año.

A través de una conferencia organizada por el gobierno francés el pasado 14 de abril, 7 países europeos, entre los que se encuentra España, han hecho una declaración de intenciones que demuestra una voluntad política para incidir, reduciendo, cuando no, acabando, con la financiación pública que se asigna a determinadas actividades que inciden negativamente en el cambio climático.

A partir de un informe del Centro de Estudios de Políticas Europeas, en este documento se analizan diversos instrumentos políticos, financieros y normativos -tanto nuevos como ya existentes- para crear una demanda de materiales circulares y productos con menos emisiones de carbono, ilustrados con ejemplos de cuatro sectores intensivos en recursos y en carbono, a saber, la construcción, el acero, los textiles y los plásticos.

Según la declaración, entre otras cuestiones, los proyectos que se deriven de la aplicación del PNIEC deberán ser compatibles con la planificación sectorial (en materia de transportes, infraestructuras, urbanística, hidrológica, forestal, de adaptación al cambio climático, calidad del aire, residuos y suelos contaminados, biodiversidad, política agraria común, estrategias marinas y ordenación del espacio marítimo), concordante de ámbito nacional, regional, supramunicipal o municipal, vigente o en proyecto, y en el caso necesario arbitrar medidas concretas para integrar las acciones y determinaciones de dicha planificación.

De la relación de las 865 sentencias dictadas por el TJUE el año pasado, 50 tratan sobre asuntos de temática ambiental según su informe anual de 2019.

Esta estrategia se adopta en plena pandemia del COVID-19, y se considera un elemento central del plan de recuperación de la UE. Proteger la biodiversidad es crucial para prevenir y aumentar la resistencia a futuros brotes de zoonosis, así como para proporcionar oportunidades inmediatas de negocio, empleo e inversión para restaurar la economía de la UE.

El Pacto Verde Europeo es una nueva estrategia de crecimiento destinada a transformar la UE en una sociedad equitativa y próspera, con una economía moderna, eficiente en el uso de los recursos y competitiva, en la que no habrá emisiones netas de gases de efecto invernadero en 2050 y el crecimiento económico estará disociado del uso de los recursos. El Pacto Verde aspira también a proteger, mantener y mejorar el capital natural de la UE, así como a proteger la salud y el bienestar de los ciudadanos frente a los riesgos y efectos medioambientales.

En el asunto C-212/18 el Abogado General del Tribunal de Justicia de la UE analiza la obligación de los Estados miembros de no tratar como residuo a una sustancia que ha dejado de serlo y el alcance de su margen de apreciación para determinar si un residuo ha dejado de serlo.

Las ciudades participan y son corresponsables de los impactos ambientales y el alto consumo de recursos naturales generados por el modelo económico lineal y, por lo tanto, deben jugar un papel esencial en la transición hacia un modelo económico circular que asegure la calidad de vida en las ciudades y haga de ellas un lugar atractivo para vivir.

Éste es el tercer informe sobre el estado de aplicación o no realizado a partir de 29 indicadores que permite valorar hasta qué punto los países de la Unión Europea están aprobando los deberes del VII Programa de Medio Ambiente “Vivir bien respetando los límites de nuestro planeta”, en vigencia desde 2013 hasta 2020.