A través de una conferencia organizada por el gobierno francés el pasado 14 de abril, 7 países europeos, entre los que se encuentra España, han hecho una declaración de intenciones que demuestra una voluntad política para incidir, reduciendo, cuando no, acabando, con la financiación pública que se asigna a determinadas actividades que inciden negativamente en el cambio climático.
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