La participación pública en la elaboración autorizaciones, planes y programas y disposiciones de carácter general relacionadas con el medio ambiente, no es meramente un trámite formal, sino la manifestación de un derecho adecuado al medio ambiente.
Tribunales
Nueva anulación de un plan general urbanístico por el Tribunal Supremo por falta de evaluación ambiental estratégica
El pasado 4 de mayo de 2015 la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo anuló el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Barakaldo, de fecha 10 de noviembre de 2010, por el que se aprobó definitivamente la 13ª Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana, relativa al ámbito UE 11 Castilla-Munibe, del municipio de Barakaldo, por inobservancia de las exigencias legales dispuestas en materia ambiental que resultan de aplicación, en concreto de los artículos 15 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 2008, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, así como los artículos 3 y 4 de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en medio ambiente.
Interpretación extensiva del TJUE de la condición de «público interesado» en el marco de procedimientos de evaluación de impacto ambiental
Un Estado no puede oponer a los miembros del público interesado el efecto vinculante de una decisión de no efectuar una evaluación de impacto ambiental con motivo del control judicial de la autorización de un proyecto, si a aquéllos no se les concedió ninguna otra posibilidad de impugnar dicha decisión.
Conclusiones de la Abogado General del TJUE sobre las obligaciones de información que afectan a los artículos en el ámbito del REACH
El 15 de febrero de 2015 se publicaron las conclusiones de la Abogado General del TJUE en el asunto C-106/14 en relación al ámbito de aplicación del REACH en el caso de artículos que contengan sustancias candidatas a ser calificadas como altamente preocupantes.
El TJUE concluye que los Estados miembros tienen la facultad de imponer la eliminación de los residuos a través de servicios públicos como única vía de gestión
La sentencia, dictada en el asunto C-551/13, responde a una cuestión prejudicial planteada por la Commisione tributaria provinciale di Cagliari (Italia) que debe resolver sobre la procedencia de la negativa de un complejo turístico hotelero a pagar el impuesto local para la eliminación de los residuos sólidos urbanos.
Condena de 4 años de prisión por gestión ilegal de RAEE
Un Tribunal de Madrid ha impuesto penas de prisión a cinco integrantes de una red de gestores de residuos que trataban frigoríficos sin la debida autorización
La evaluación de impacto ambiental como instrumento de compatibilización del desarrollo económico y la protección del medio ambiente.
El pasado treinta y uno de octubre de 2014 el Tribunal Supremo confirmó el fallo de la sentencia de la Sección 1ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional de 5 de octubre de 2012, la cual anuló la resolución de la Secretaría de Estado de Cambio Climático de 23 de diciembre de 2009, que acordó no someter a evaluación de impacto ambiental el proyecto de “Restauración de la marisma Sur de Colindres, Cantabria”, al no ser conforme a derecho, ordenando al órgano ambiental a someter este proyecto a procedimiento de evaluación de impacto ambiental.
El ejercicio de una actividad de gestión de residuos no autorizada supone un acto de competencia desleal
El Tribunal Supremo francés ratifica la condena a una empresa de gestión de VFU que operaba sin autorización ambiental, consistente en el pago de una indemnización por daños a una actividad colindante de su sector debidamente autorizada.
La Administración está eventualmente obligada a denegar la autorización de cualquier proyecto que deteriore masas de agua superficiales
El Abogado General del Tribunal de Justicia de la UE pide la eventual prohibición de un proyecto alemán de ampliación de una vía navegable, negando que la noción de “deterioro” de una masa de agua deba implicar un cambio de su clasificación actual.
El Consejo Constitucional francés valida la transacción penal en materia ambiental
Dicho órgano, equivalente al Tribunal Constitucional español, acaba de aprobar las disposiciones del Código francés del medio ambiente relativas a la transacción penal por delitos y faltas en este ámbito.