Este informe es resultado de una auditoría sobre una iniciativa que llevó a cabo en junio de 2018 la Comisión para proteger a los polinizadores silvestres, así como una revisión de la normativa que indirectamente les afecta. Con ello se quiere contribuir a las actualizaciones legislativas en los ámbitos de biodiversidad, agricultura y plaguicidas previstas en el período 2021-2022.