A través de la Sentencia de 27 de junio de 2018 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria se ha declarado nulo de pleno derecho el Plan General de Ordenación Urbana de Laredo, por llevar a cabo cambios sustanciales en el régimen urbanístico del suelo tras el trámite de información pública, sin ser éstos sometidos a un nuevo proceso de participación y además por no ser evaluados ambientalmente según la legislación ambiental.
Participación pública y acceso a la información y justicia ambiental
Informe 2017 del IMPEL: ¿Qué impide la aplicación efectiva de la normativa ambiental?
La capacidad insuficiente de control y de aplicación de la regulación ambiental junto con la falta de recursos que incluye la falta de profesionales de personal cualificado de las autoridades reguladoras y sanciones inadecuadas junto con un bajo nivel de multas para aquellos que violan la ley son los principales factores por los que la normativa ambiental no se aplica como se debería según el IMPEL. A su vez el informe sirve para hacer una revisión y recomendaciones de mejora para que el propio IMPEL resulte eficaz para los Estados miembros de la Unión Europea.
Consulta pública sobre la evaluación del VII Programa de Acción en materia de Medio Ambiente de la UE.
En aplicación desde noviembre de 2013 y vigente hasta 2020, esta evaluación servirá para sentar las bases del próximo Programa de Acción en la materia.
Vicisitudes judiciales de un proyecto de vertedero de residuos industriales
El TSJC anula el PEU por falta de alternativas del emplazamiento del sistema según el PTP de Ponent, por no llevar a cabo la evaluación ambiental de planes y programas, y por no solicitar el informe preceptivo a la Confederación Hidrográfica del Ebro. Posteriormente, el TS anula la sentencia por defectos procesales y ordena la retroacción de las actuaciones.
El Anteproyecto de Ley de Territorio de Cataluña: el nuevo “Código territorial”
La norma supone un cambio de concepción del marco jurídico vigente y se propugna como un marco normativo integral, estratégico y estable.
Anulación del Plan de Residuos de Asturias 2014-2024 por defectos en el trámite de información pública
La participación pública en la elaboración autorizaciones, planes y programas y disposiciones de carácter general relacionadas con el medio ambiente, no es meramente un trámite formal, sino la manifestación de un derecho adecuado al medio ambiente.
Interpretación extensiva del TJUE de la condición de «público interesado» en el marco de procedimientos de evaluación de impacto ambiental
Un Estado no puede oponer a los miembros del público interesado el efecto vinculante de una decisión de no efectuar una evaluación de impacto ambiental con motivo del control judicial de la autorización de un proyecto, si a aquéllos no se les concedió ninguna otra posibilidad de impugnar dicha decisión.
Horizonte del acceso a la información ambiental con la entrada en vigor de la Ley de Transparencia
La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno previó una entrada en vigor escalonada. El 10 de diciembre de 2014 entran en vigor las disposiciones relativas a la transparencia de la actividad pública para el Gobierno del Estado. Las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales aún tienen un año más para adaptarse a la Ley. A continuación se exponen las principales novedades que conlleva la aplicación de este bloque de disposiciones respecto al acceso a la información, concretando lo relativo al derecho al acceso a la información ambiental.
Acceso público a las actas de inspección ambiental y publicación de los informes sobre las actuaciones realizadas
Con la nueva regulación del Real Decreto 815/2013 sobre las actas de inspección y los informes sobre las actuaciones realizadas ya no cabe ningún tipo de dudas sobre esta cuestión y son, por tanto, de acceso público.
Guía para la solicitud de la autorización ambiental integrada en el País Vasco: un ejemplo de participación en asuntos de carácter ambiental
En esta guía se definen los aspectos relacionados con la solicitud de la autorización ambiental integrada de las instalaciones afectadas por la normativa de emisiones industriales.