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Con el fin de evitar la “fuga de carbono” y lograr cumplir con los objetivos climáticos de la UE, el 14 de julio de 2021 la Comisión Europea adoptó la “Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono”. Desde entonces, esta propuesta normativa ha seguido su procedimiento de tramitación (2021/0214/COD) y, tras el acuerdo alcanzado el pasado diciembre de 2022 entre los órganos colegisladores, se prevé que el mecanismo comience a funcionar a partir de octubre de 2023.

Las importantes ayudas financieras que la Comisión Europea prevé conceder a los Estados miembros en virtud del Reglamento (UE) 2021/241 por el que se estableció el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia depende de que se acredite que las medidas que se contienen en los planes de recuperación y resiliencia no causen un perjuicio significativo a los objetivos ambientales definidos, a su vez, en el Reglamento de inversiones sostenibles. En este artículo se pretende exponer en qué consiste esta obligación y su interacción con los restantes mecanismos de protección ambiental regulados por la Unión Europea.

A partir de un informe del Centro de Estudios de Políticas Europeas, en este documento se analizan diversos instrumentos políticos, financieros y normativos -tanto nuevos como ya existentes- para crear una demanda de materiales circulares y productos con menos emisiones de carbono, ilustrados con ejemplos de cuatro sectores intensivos en recursos y en carbono, a saber, la construcción, el acero, los textiles y los plásticos.

El plan de recuperación se presentó el pasado 3 de septiembre se dota de 100 mil millones de euros, de los que 40 mil millones son financiados por la Unión Europea. Se estructura sobre 3 grandes ejes: ecología, competitividad y cohesión.

Según la norma, se entiende por economía circular, un modelo económico que se incluye en el marco del desarrollo sostenible y que optimiza el uso de los recursos naturales, cierra los ciclos de agua, energía y materia, minimiza los impactos ambientales, y fomenta la eficacia al conseguir que los productos y recursos mantengan su utilidad y valor el mayor tiempo posible.

Francia plantea 50 medidas para responder al reto de la transición hacia la economía circular en que se priorizan medidas que tiendan a la reutilización, el reciclaje, la extensión de la responsabilidad ampliada del productor y el desarrollo de medidas fiscales y normativas que hagan efectivo este nuevo paradigma.

Mediante la Ley 5/2017, de 28 de marzo, de medidas fiscales, administrativas, financieras, se ha realizado una modificación de la Ley 8/2008, de 10 de julio, de financiación de las infraestructuras de gestión de residuos y de los cánones sobre la eliminación de residuos.

El DOGC de 21 de marzo de 2017 anunció la resolución TES/541/2017, de 13 de marzo, por la que se hace pública la convocatoria de ayudas para la utilización de árido reciclado de los residuos de la construcción con marcado CE en obras promovidas por los entes locales y empresas públicas municipales de Cataluña.

3 han sido las iniciativas de distintos importantes grupos de interés en Europa desde mediados del mes de diciembre pasado relativos a demandas de reformas fiscales verdes a considerar dentro del ámbito de la Economía Circular: Project Ex’Tax, Green Budget Europe y Ecopreneur. La propuesta de Ecopreneur se centra en un IVA específico para las empresas que incluyan criterios de circularidad que coincide con la actual consulta pública respecto a posibles modificaciones de las tasas del IVA.
Las reformas fiscales verdes empezaron a aplicarse en los 90 en los países del norte de Europa y en España ha habido distintos intentos para que se convirtieran en realidad sin llegar a desarrollarse. De hecho, España es el país que menos recauda en términos de imposición fiscal ambiental. Sin embargo, distintos expertos, grandes consultoras y entidades supranacionales apuntan a la necesidad de implantarlas para apuntalar los preceptos de la Economía Circular.