Blog Terraqui

El pasado 9 de noviembre finalizó el trámite de consulta pública del proyecto de decreto que tiene por objeto el desarrollo de la obligación de informar al consumidor sobre las cualidades características ambientales de los productos que generan residuos, prevista en el Código de Medio Ambiente francés.

Mediante una circular en relación con la Ley nº 2020-1672, de 24 de diciembre de 2020, relativa a la Fiscalía Europea, la justicia ambiental y la justicia penal especializada, la justicia francesa quiere reforzar el músculo ambiental en el seno de su propia administración y a través de sus empleados. El objetivo es dotar de herramientas y aclarar algunos aspectos relevantes de la justicia ambiental.

La nueva agenda subtitulada “Reforzar la resiliencia del consumidor para una recuperación sostenible”, pretende sentar las bases para garantizar una protección eficaz de los intereses de los consumidores en el marco de la transición ecológica.

El Ministerio Federal de Medio Ambiente (BMU) plantea actualizar el programa de prevención de residuos de 2013, cuyo objetivo principal consiste en desvincular el crecimiento económico de la generación de residuos para proteger a las personas, el medio ambiente y los recursos.

Éste es el tercer informe sobre el estado de aplicación o no realizado a partir de 29 indicadores que permite valorar hasta qué punto los países de la Unión Europea están aprobando los deberes del VII Programa de Medio Ambiente “Vivir bien respetando los límites de nuestro planeta”, en vigencia desde 2013 hasta 2020.

El Consejo de la UE de medio ambiente llama a la Comisión y a los países miembros a tomar medidas más restrictivas respecto a las sustancias peligrosas. El reto legislativo está en superar los conflictos y contradicciones que existen entre las legislaciones referidas a los productos, a los residuos y a las substancias químicas.

La capacidad insuficiente de control y de aplicación de la regulación ambiental junto con la falta de recursos que incluye la falta de profesionales de personal cualificado de las autoridades reguladoras y sanciones inadecuadas junto con un bajo nivel de multas para aquellos que violan la ley son los principales factores por los que la normativa ambiental no se aplica como se debería según el IMPEL. A su vez el informe sirve para hacer una revisión y recomendaciones de mejora para que el propio IMPEL resulte eficaz para los Estados miembros de la Unión Europea.

Francia plantea 50 medidas para responder al reto de la transición hacia la economía circular en que se priorizan medidas que tiendan a la reutilización, el reciclaje, la extensión de la responsabilidad ampliada del productor y el desarrollo de medidas fiscales y normativas que hagan efectivo este nuevo paradigma.

El Centre for European Policy Studies (CEPS) ha realizado un estudio en el que se plantean los principales retos a los que se enfrentan las empresas para poder llevar a cabo los cambios que conlleva convertir sus empresas al marco de la economía circular. Este post se centra en los desafíos normativos y financieros a los que empresas e instituciones deberán abordar, y en algunos aspectos financieros y de información que se consideran relevantes en este sentido.

A través de las Leyes 39/2015 y 40/2015 se introducen en el ordenamiento jurídico español distintas estrategias de mejora del entorno normativo, en la línea de los conceptos de «Better regulation» y «Smart regulation» y se regulan los principios de buena regulación (necesidad, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia).