Blog Terraqui

Entre los objetivos de la norma, destaca el relativo a garantizar la sostenibilidad ambiental de las infraestructuras portuarias y de las actividades que se desarrollan en las mismas, en cumplimiento de la legislación aplicable en materia de cambio climático.

El Pacto Verde Europeo es una nueva estrategia de crecimiento destinada a transformar la UE en una sociedad equitativa y próspera, con una economía moderna, eficiente en el uso de los recursos y competitiva, en la que no habrá emisiones netas de gases de efecto invernadero en 2050 y el crecimiento económico estará disociado del uso de los recursos. El Pacto Verde aspira también a proteger, mantener y mejorar el capital natural de la UE, así como a proteger la salud y el bienestar de los ciudadanos frente a los riesgos y efectos medioambientales.

Según la norma, se entiende por economía circular, un modelo económico que se incluye en el marco del desarrollo sostenible y que optimiza el uso de los recursos naturales, cierra los ciclos de agua, energía y materia, minimiza los impactos ambientales, y fomenta la eficacia al conseguir que los productos y recursos mantengan su utilidad y valor el mayor tiempo posible.

A finales de noviembre, y acompañando la COP25 que finaliza esta semana en Madrid, han coincidido las publicaciones del Resumen de EIONET de las políticas y medidas nacionales sobre la mitigación del cambio climático en Europa y el Perfil ambiental de España 2018 publicado por el MITECO en el que también se señalan las normativas y estrategias de cambio climático pendientes de aprobar en el estado español.

La norma otorga el carácter obligatorio a las directrices referentes a la infraestructura verde, los servicios ecosistémicos, el agua, la energía y la economía circular (gestión de residuos y el suelo como recurso). Sin embargo, rebaja a la categoría de recomendatorias las relativas a la mitigación y adaptación al cambio climático, la salud y los indicadores de sostenibilidad.

El Estado de Nueva York ha padecido varios episodios extremos debidos al cambio climático. En junio de este año, aprobó la “Ley de protección del clima y el liderazgo climático del Estado de Nueva York”, que se trata de mitigar los efectos que conlleva la crisis climática sobre el bienestar económico, la salud pública, los recursos naturales y el medio ambiente, y que puede considerarse una de las más ambiciosas llevadas a cabo a nivel mundial.

Conjuntamente con otros países e instituciones financieras, el pasado 18 de octubre se constituyó la Plataforma Internacional de Finanzas Sostenible (IPSF), un foro que quiere facilitar intercambios y, cuando corresponda, coordinar los esfuerzos sobre iniciativas y enfoques de finanzas ambientalmente sostenibles, respetando los contextos nacionales y regionales.

La Ley del patrimonio natural y de la biodiversidad de Galicia pretende llevar a cabo una protección transversal del patrimonio natural gallego, integrando los requisitos de conservación, uso sostenible, mejora y restauración del patrimonio natural y de la biodiversidad en las demás políticas sectoriales. También fomenta la información pública y los mecanismos de colaboración, cooperación y participación de la sociedad en la consecución de sus objetivos.

Un reciente informe destaca cómo los litigios climáticos continúan expandiéndose a través de las jurisdicciones como una herramienta para fortalecer la acción climática. El análisis muestra que la mayoría de los demandados son gobiernos, pero las demandas también se dirigen cada vez más a las mayores empresas emisoras de gases de efecto invernadero.

Mientras siguen las negociaciones para la adopción del Pacto Mundial del Medio Ambiente, aumentan los casos de litigio relativos a la emergencia climática.