El Código Penal, en su artículo 329, acoge un régimen específico de responsabilidad para las autoridades y funcionarios que con su conducta actúen en perjuicio del medio ambiente, lo que no es más que el reflejo de la importancia del papel de la Administración en la evitación de daños en nuestro entorno, a través de la aplicación de instrumentos de prevención ambiental, como el de la técnica de la evaluación de impacto ambiental.
Estatal
Vicisitudes judiciales de un proyecto de vertedero de residuos industriales
El TSJC anula el PEU por falta de alternativas del emplazamiento del sistema según el PTP de Ponent, por no llevar a cabo la evaluación ambiental de planes y programas, y por no solicitar el informe preceptivo a la Confederación Hidrográfica del Ebro. Posteriormente, el TS anula la sentencia por defectos procesales y ordena la retroacción de las actuaciones.
Nulidad de modificación del PGOU de Pontevedra sobre el uso del crematorio
El Tribunal Superior de Justicia de Galicia anula la modificación puntual del plan general urbanístico de Pontevedra para establecer y regular el uso del crematorio por no someterlo al procedimiento de evaluación ambiental estratégica
Aspectos ambientales de la nueva Ley de Contratos del sector público
Entre los criterios cualitativos para evaluar la mejor relación calidad-precio podrán incluirse aspectos medioambientales, tales como la reducción del nivel de emisión de gases de efecto invernadero; el empleo de medidas de ahorro y eficiencia energética y la utilización de energía procedentes de fuentes renovables durante la ejecución del contrato; así como el mantenimiento o mejora de los recursos naturales que puedan verse afectados por la ejecución del contrato.
El Tribunal Constitucional declara inconstitucionales y nulos algunos preceptos de la Ley balear de evaluación ambiental
A través de la Sentencia de 109/2017 de 21 de septiembre de 2017 el Pleno del Tribunal Constitucional ha declarado que los artículos 9.4, 26.2 y 33.1 a) de la Ley del Parlamento de las Illes Balears 12/2016, de 17 de agosto, de evaluación ambiental de las Illes Balears, son inconstitucionales y nulos, por vulnerar la Ley estatal 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
El alcance de la pena de inhabilitación para el ejercicio de la profesión de gestor de residuos
Un Tribunal adopta el criterio por el que no es posible que la Administración pueda contratar con ninguna persona física inhabilitada o jurídica cuyas acciones fueran dirigidas de manera determinante por dicho sujeto inhabilitado
Consulta pública sobre el Plan de Acción Nacional sobre Uso Sostenible de Productos Fitosanitarios 2018-2022
En cumplimiento del artículo 26.6 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, y la Ley 27/2006 de 18 de julio, el MAPAMA ha sometido a información pública el Plan de Acción Nacional de Uso Sostenible de los Productos Fitosanitarios 2018-2022, con un plazo para remitir observaciones abierto hasta el 31 de julio.
El Anteproyecto de Ley de Territorio de Cataluña: el nuevo “Código territorial”
La norma supone un cambio de concepción del marco jurídico vigente y se propugna como un marco normativo integral, estratégico y estable.
Finaliza el plazo de consulta previa sobre la transposición de la Directiva 2014/52/UE relativa a la evaluación ambiental de proyectos
El 6 de abril finaliza el plazo de Consulta Pública previa sobre la incorporación al ordenamiento jurídico español de la Directiva 2014/52/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, por la que se modifica la Directiva 2011/92/UE, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente.
El camino hacia una administración electrónica
El pasado 2 de octubre entró en vigor la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Esta Ley representa un paso en firme en la implantación de una Administración Electrónica, prevista ya en la Ley 11/2007 y, en el ámbito de los residuos, en la Ley 22/2011. En este post hacemos una sucinta descripción de las principales obligaciones que al respecto del uso de medios electrónicos impone la Ley 39/2015 y revisamos, también, algunos procedimientos a realizar por medios electrónicos que contempla la normativa de residuos.