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A través del Plan se pretende erradicar el uso ilegal de cebos envenenados y eliminar esta amenaza para la conservación de la biodiversidad en el ámbito territorial madrileño.

A través de la Sentencia de 27 de junio de 2018 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria se ha declarado nulo de pleno derecho el Plan General de Ordenación Urbana de Laredo, por llevar a cabo cambios sustanciales en el régimen urbanístico del suelo tras el trámite de información pública, sin ser éstos sometidos a un nuevo proceso de participación y además por no ser evaluados ambientalmente según la legislación ambiental.

Según el Plan, las afecciones ambientales y sectoriales prevalecen a las determinaciones urbanísticas en él contenidas. Todo ello, sin perjuicio de posibilitar a los ayuntamientos gallegos de dotarse de un instrumento urbanístico básico que les permita ofrecer una capacidad de acogida residencial y económica que dé respuesta al desarrollo elemental de una cierta actividad urbanística.

La Estrategia pretende hacer frente a la pérdida de biodiversidad de Cataluña, y crear un marco de actuación común que defina las prioridades de actuación para la conservación del patrimonio natural para los próximos años. Asimismo, según el documento, se constata la necesidad de hacer una reforma legal y adaptar la organización administrativa de la Generalitat para cumplir con los objetivos de la Estrategia, aplicar plenamente las Directivas Hábitats y Aves y cumplir con el resto de determinaciones de la Estrategia de la UE sobre la biodiversidad y los objetivos de Aichi.

El plan tiene como finalidad garantizar y en la medida de lo posible mejorar, de una forma integral, la conectividad ecológica en Andalucía, priorizando el diseño y desarrollo de soluciones basadas en la naturaleza (infraestructura verde y restauración ecológica). Para ello se propondrán una serie de medidas y directrices, cuya aplicación se realizará a través de diferentes instrumentos estratégicos, de planificación y gestión, procedentes de distintos ámbitos sectoriales.

La Ley 1/2018 pretende intensificar las acciones de protección, procurando una mayor sostenibilidad ambiental de las actividades que se realizan en el entorno del Mar Menor.

Una sentencia de 28 de febrero de 2018 de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias constata que la potestad de planificación territorial referida al Suelo No Urbanizable de Costas, inspirada en la sostenibilidad y tutela ambiental y paisajística, reservada a la Comunidad Autónoma, es jerárquicamente superior a la potestad urbanística local relativa a la delimitación de Núcleos Rurales.

A través de los Reales Decretos 209/2018 y 210/2018 se han aprobado el Plan Territorial Sectorial de Infraestructuras de Gestión de Residuos Municipales de Cataluña (PINFRECAT20) y el Programa de Prevención y Gestión de Residuos y Recursos de Cataluña (PRECAT20).

A través de las Leyes 39/2015 y 40/2015 se introducen en el ordenamiento jurídico español distintas estrategias de mejora del entorno normativo, en la línea de los conceptos de «Better regulation» y «Smart regulation» y se regulan los principios de buena regulación (necesidad, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia).

El Código Penal, en su artículo 329, acoge un régimen específico de responsabilidad para las autoridades y funcionarios que con su conducta actúen en perjuicio del medio ambiente, lo que no es más que el reflejo de la importancia del papel de la Administración en la evitación de daños en nuestro entorno, a través de la aplicación de instrumentos de prevención ambiental, como el de la técnica de la evaluación de impacto ambiental.