A finales de noviembre, y acompañando la COP25 que finaliza esta semana en Madrid, han coincidido las publicaciones del Resumen de EIONET de las políticas y medidas nacionales sobre la mitigación del cambio climático en Europa y el Perfil ambiental de España 2018 publicado por el MITECO en el que también se señalan las normativas y estrategias de cambio climático pendientes de aprobar en el estado español.
El Resumen de las políticas y medidas nacionales notificadas sobre la mitigación del cambio climático en Europa en 2019 de la Red Europea de Información y de Observación sobre el Medio Ambiente (Eionet), presenta una visión general de la información sobre las políticas y medidas nacionales para la mitigación del cambio climático, comunicada en 2019 por los Estados miembros a la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) en virtud del Reglamento 525/2013, de 21 de mayo de 2013, relativo a un mecanismo para el seguimiento y la notificación de las emisiones de gases de efecto invernadero y para la notificación, a nivel nacional o de la Unión, de otra información relevante para el cambio climático.
Según este informe, en 2017, los Estados miembros de la UE habían reducido sus emisiones en más de un 22 % con respecto a los niveles de 1990. Según sus propias previsiones, los Estados miembros esperan que las políticas y medidas actuales puedan dar lugar a una reducción del 30 % de aquí a 2030, en comparación con 1990, mientras que las políticas y medidas adicionales previstas podrían dar lugar a una reducción del 36 % de aquí a 2030. No se alcanzaría aún el objetivo de la UE previsto mediante el European Green Deal (Pacto Verde Europeo) que quiere alcanzar una reducción de emisiones del 40% de aquí al 2.030, ni mucho menos al nuevo objetivo de llegar a una reducción del 55% anunciado por la nueva presidenta de la Comisión Ursula Von der Leyen durante la COP25.
El Pacto Verde Europeo prevé, en el gran apartado de “Acción por el Clima: Descarbonización de la economía”, la adopción de medidas legislativas que incluyen:
- La revisión del régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (RCDE).
- Determinar objetivos nacionales de emisiones en los sectores que no entran en el ámbito de aplicación del régimen de comercio de derechos de emisión de la UE. Estos sectores, en particular el transporte, la construcción, la agricultura, la industria no relacionada con el RCDE y la gestión de los residuos, representan casi un 60% del total de las emisiones de la UE.
- Integración del uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura en los esfuerzos de reducción de las emisiones.
- Legislación sobre energías renovables, eficiencia energética y gobernanza de la Unión de la Energía.
Volviendo al Informe de las políticas y medidas nacionales notificadas sobre la mitigación del cambio climático en Europa en 2019, los aspectos más relevantes que se han destacado son los siguientes:
- El número de políticas y medidas nacionales notificadas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero aumentó en torno a un 27 % entre 2017 y 2019. La mayoría de las nuevas políticas y medidas se encuentran en fase de planificación.
- Este aumento es consistente respecto al aumento reportado en la reducción de emisiones que se espera para el año 2030. Sin embargo, el número de políticas y medidas nacionales comunicadas por un país no está necesariamente relacionado con su nivel de ambición. Es por ello que es necesario reforzar las políticas existentes, así como implementar nuevas políticas y medidas.
- Se dispone de más y mejor información sobre las políticas y medidas nacionales en comparación con años anteriores, en particular sobre los efectos previstos (ex ante) de estas medidas en las emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, la información cuantitativa sobre las reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero realizadas (ex post), gracias a las medidas aplicadas sigue siendo insuficiente. También falta información cuantitativa respecto a los costes, los beneficios obtenidos e indicadores de monitoreo de progreso.
- En 2019, la mayoría de las políticas y medidas comunicadas son reglamentos o instrumentos económicos, centrados en el suministro o el consumo de energía (incluido el transporte), y aplicados en respuesta a la política de la Unión, sobre todo a la Directiva de Eficiencia Energética, a la Directiva relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables , o la Decisión 406/2009/CE sobre el esfuerzo de los Estados miembros para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero a fin de cumplir los compromisos adquiridos por la Comunidad hasta 2020 . Se calcula que el 27 % de las acciones nacionales notificadas no están directamente relacionadas con una política específica de la Unión Europea.
- Más del 10 % de las políticas son relativas a políticas agrícolas que tienen efectos sobre las emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, rara vez se cuantifican (el 18 % de las medidas de mitigación que afectan al sector agrícola tienen al menos una estimación cuantitativa de los ahorros de emisiones previstos). En 2019, los Estados miembros notificaron 212 políticas agrícolas con efectos sobre las emisiones de GEI. La mayoría (hasta un 72 %) se ejecutaron en respuesta a la Política Agrícola Común de la UE. Los objetivos más comunicados son la reducción del uso de fertilizantes y estiércol en las tierras de cultivo (38% de todas las políticas y medidas agrícolas) y la mejora de los sistemas de gestión de los residuos animales (30% de todas las políticas y medidas agrícolas).
Sin embargo, otro reciente informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente titulado “El medio ambiente europeo: estado y perspectivas 2020: conocimiento para la transición hacia una Europa sostenible”, alerta de que el estado del medio ambiente en Europa a nivel global ha empeorado desde el último informe en 2015.
Si bien Europa ha realizado importantes avances en la eficiencia de los recursos y en la economía circular, las tendencias ponen de manifiesto una ralentización de los progresos en ámbitos como la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, las emisiones industriales, la generación de residuos, la mejora de la eficiencia energética y la cuota de las energías renovables. De cara al futuro, el ritmo actual de progreso no será suficiente para alcanzar los objetivos de 2030 y 2050 en materia de clima y energía. La protección y conservación de la biodiversidad y la naturaleza europeas sigue siendo la mayor área de actividad de la UE con resultados más desalentadores en relación a los progresos que deberían haberse alcanzado.
Perfil ambiental de España 2018
En cuanto a España, y según el informe del MITECO “Perfil Ambiental de España 2018”, en 2017 se emitieron en España 340,2 millones de toneladas de CO2 equivalentes, lo que supuso un incremento de las emisiones totales del 4,2 % en relación con las de 2016. Esta subida ha tenido su origen principalmente en las escasas precipitaciones del año, que ha sido especialmente seco (segundo más seco desde 1965), lo que ha dado lugar a una reducción de la electricidad de origen hidráulico (su producción disminuyó un 49%) y a una mayor demanda de combustibles fósiles en el mix energético (centrales de carbón y ciclos combinados) y, por tanto, un aumento de emisiones de CO2.
En el balance global de emisiones, la participación de los principales sectores, por orden de magnitud de su contribución, ha sido la siguiente: transporte (26 % del total y un incremento del 3,1 % respecto al año anterior), generación de electricidad (20 % y un incremento del 16,9 % respecto a 2016), actividades industriales (19 % y un incremento del 7,1 % respecto al año 2016) y la agricultura (12 % y un incremento del 3,1 % respecto al año anterior). Como viene siendo habitual, más del 80 % de los GEI fueron CO2, seguido del metano (aportación del 12 %).
España generó en 2017 el 7,9 % de las emisiones totales de la Unión Europea, siendo el sexto país con más emisiones por detrás de Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Polonia. Estos seis países en conjunto emitieron casi el 70 % de todas las emisiones de la UE.
Para poder alcanzar los objetivos de descarbonización quedan pendientes de aprobación importantes iniciativas políticas y legislativas actualmente en fase de espera habida cuenta que sigue sin haberse constituido nuevo Gobierno en España. Se trata de las “piedras angulares” para alcanzar los objetivos de reducción de gases de efecto invernadero: la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, el futuro Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y la Estrategia de Transición Justa.
El anteproyecto de Ley Cambio Climático y Transición Energética contempla en su artículo 3 alcanzar una reducción en 2030 de al menos un 20 % en las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) del conjunto de la economía española respecto a las de 1990, y de un 90 % en 2050. Además, en ese mismo año, el sistema eléctrico deberá estar basado, exclusivamente, en fuentes de generación de origen renovable.
Habrá que ver si finalmente se logra formar Gobierno para poder llevar a cabo estas políticas y las normativas porque, de lo contrario, estamos llegando tarde para la consecución de muchos de los objetivos ambientales que deberemos pagar por incumplimiento ante la UE. Y lo más preocupante es que cada vez que se posponen este tipo de decisiones, se aumentan exponencialmente los efectos derivados del cambio climático.
