Un decreto del Ministerio de Transición Ecológica y Solidaria del país galo permite que ciertos residuos puedan conseguir el fin de la condición de residuo, estableciendo condiciones y nuevos procedimientos al respecto, y anticipando el fin de la obligación de tratamiento en Instalaciones Clasificadas de Protección Ambiental (ICPE).
La intención del gobierno francés es la de potenciar la recuperación de residuos sin causar riesgos para la salud humana y el medio ambiente, si bien entidades como la ONG Robin des Bois se han mostrado críticas en relación a algunas de sus implicaciones. Veremos más adelante por qué.
Recordemos que, hasta ahora, las sustancias y objetos que en Francia podían acceder al fin de la condición de residuo eran las astillas de madera (cuestión sobre la que Terraqui hizo un post en 2014 ), los aceites comestibles, y los residuos de la destilación de aceites usados.
Ahora, en la sección 1 del anexo 1 al decreto, se listan los residuos, con su correspondiente codificación, aceptados en el proceso de preparación para la reutilización, y que son los siguientes:
- Los cartuchos de impresión.
- Los envases o embalajes (de papel/cartón, de materias plásticas, de madera, de vidrio, textiles, de compuestos, de mezcla, que contienen residuos de sustancias peligrosas o están contaminados por dichos residuos).
- Los recipientes a presión vacíos.
- Los neumáticos al final de su vida útil.
- Los residuos de equipos eléctricos o electrónicos.
- Los gases de recipientes a presión y productos químicos descartados.
- Los textiles.
- El mobiliario.
Para definir el concepto “preparación para la reutilización” el decreto hace una remisión a la definición contenida en el artículo L. 541-1 del Código de Medio Ambiente francés, que la define como: “toda operación de control, limpieza o reparación para la valorización mediante la cual las sustancias, materias o productos que se han convertido en residuos se preparan para ser reutilizadas sin otro tratamiento previo adicional“.
La preparación a la que deben someterse estos residuos para poder ser reutilizados debe incluir, obligatoriamente, un control técnico (visual, táctil, pruebas de fugas, pruebas eléctricas, etc.) y un control administrativo (verificación de la coherencia entre los residuos y los documentos que los acompañan), en atención a la sección 2 del anexo I. Además, los productos que se hayan sometido a preparación para la reutilización deberán almacenarse por separado de otros productos que se gestionen en la misma instalación.
Una vez obtenidos los objetos y productos químicos resultantes de la preparación para la reutilización, el decreto estipula, en la sección 3 del mismo anexo, que éstos deben:
- Estar en un estado que permita un uso directo sin la necesidad de tratamientos adicionales;
- Estar acondicionados y almacenados preservándose su integridad y su calidad;
- Tener un uso idéntico al de su producto original; y
- Respetar las obligaciones del Código de Consumo y las normativas aplicables a estos productos.
¿Qué tipo de obligaciones conllevará para los operadores de estos objetos y productos químicos?
En primer lugar, el operador debe, o bien suscribir un contrato para la venta de los objetos o productos químicos resultantes de la preparación para la reutilización, o bien ofrecerlos para la venta a particulares en un espacio de distribución del cual él mismo es el operador. A su vez, la comercialización del producto debe cumplir con las garantías establecidas en el Código del Consumidor y con las obligaciones reglamentarias existentes para este tipo de productos, como por ejemplo el Reglamento REACH.
En segundo lugar, deberá:
- Elaborar un certificado de cumplimiento incluyendo los elementos indicados en el anexo II del decreto;
- identificar cada producto con el fin de asegurar su trazabilidad;
- aplicar un sistema de gestión de calidad;
- implementar las obligaciones de autocontrol descritas en el decreto; y
- conservar durante 5 años los elementos que permitan demostrar el respeto de las obligaciones establecidas en el decreto.
Según el gobierno, este decreto permite poner fin a la alta “complejidad administrativa poco útil y generadora de costes adicionales”. Cabe destacar que el texto elimina la obligación de tratamiento en una instalación clasificada (ICPE); a diferencia del proyecto que fue sometido a consulta pública en 2017.
Sin embargo, la ONG Robin des Bois alerta sobre el peligro de liberalización que supone este decreto que puede conllevar irregularidades en la gestión y traslado de residuos por parte de empresas que se posicionen en la preparación para la reutilización. La ONG también lamenta que no se haya incluido su propuesta de que los residuos candidatos al fin de la condición de residuos pasen, previamente, por el Consejo Superior de la Prevención de Riesgos Tecnológicos. Este órgano oficial realiza consultas públicas en la web del Ministerio de Transición de la ecología, y lleva a cabo informes públicos acerca de los debates que se efectúan en ella que garantizan la transparencia de los procesos que llevan a cabo. Pueden ver la posición en este enlace de la ONG a un post anterior a la publicación del decreto.
