Esta propuesta forma parte del Plan de Acción para el Clima del presidente de Estados Unidos en el que se anunciaban una serie de acciones para reducir la contaminación atmosférica y preparar al país para hacer frente a los impactos del cambio climático y liderar los esfuerzos internacionales para abordar el cambio climático global. Concretamente, responde a la Estrategia para reducir las emisiones de metano.
El metano es el segundo gas de efecto invernadero más importante producido por el hombre después del dióxido de carbono. Supone el 14% por ciento de las emisiones a nivel mundial. Aunque el metano se queda en la atmósfera por un periodo de tiempo más corto que el CO2, su capacidad para atrapar el calor en la atmosfera, el llamado “potencial de calentamiento global”, es hasta 25 veces mayor que el CO2.
Los vertederos municipales de residuos sólidos reciben residuos no peligrosos de hogares, empresas e instituciones. Durante el proceso de descomposición de los residuos en los vertederos, se producen una serie de tóxicos en forma de emisiones como son el dióxido de carbono y metano pero también el benceno, el tolueno, el etilbenceo y el cloruro de vinilo.
Los vertederos de RSU originan la tercera fuente responsable de emisiones de metano en los EE.UU., y en 2013 representaron el 18% de las emisiones de metano liberadas a la atmósfera, el equivalente a aproximadamente 100 millones de toneladas métricas de contaminación de dióxido de carbono.
La EPA ha propuesto una serie de acciones para reducir las emisiones de gas metano una tercera parte de lo que producen actualmente los vertederos municipales de residuos sólidos en Estados Unidos.
Las iniciativas anunciadas completan y refuerzan una legislación propuesta en verano de 2014 que proponía una actualización de los estándares de reducción de metano y otras emisiones tanto para los vertederos ya existentes como para los nuevos previstos.
En dicha propuesta se estableció que los estándares se aplicarían a todos vertederos nuevos o existentes, diseñados para una capacidad de 2,5 millones de toneladas métricas y 2,5 millones cúbicos de residuos.
La propuesta responde también a la actualización de la New Source Performance Standards, que requiere a la EPA, desde 1971, establecer las emisiones estándares por categorías y que causan o contribuyen significativamente a la contaminación atmosférica. A partir de estos estándares, se establecen unas normas que tienen por objeto la utilización de las mejores tecnologías disponibles sobre el control de la contaminación del aire teniendo en cuenta tanto su coste como el impacto que tienen sobre la calidad del aire, sobre la salud, sobre el impacto energético y ambiental.
La EPA estableció por primera vez estándares específicos para los vertederos de residuos sólidos municipales en 1966 y que fueron revisados bajo enmiendas en 2002 y en 2006 y que, ahora, con estas nuevas iniciativas han vuelto a ser redefinidos.
En la propuesta de 2014, además del objetivo de disminuir las emisiones de metano, también se hizo una propuesta para reducir las emisiones de compuestos orgánicos que no son metano. Bajo la propuesta del umbral de 34 toneladas métricas de emisiones permitidas al año, se estima que 127 vertederos (nuevos, modificados o reconstruidos) controlarán las emisiones de gases de efecto invernadero para el 2025, mientras que los 13 restantes harán un informe sobre las mismas. En este sentido la EPA está recogiendo datos para determinar qué vertederos deberán modificarse de aquí al 2018.
Cabe destacar que en la propuesta del 2014, este mismo umbral se estableció en 40 toneladas métricas de emisiones permitidas al año pero después de la recogida de nuevos datos y análisis, así como de propuestas de los stakeholders en la consulta pública, este umbral ha sido pues más restringido. Hasta ahora el umbral se había situado en 50 toneladas métricas de emisiones permitidas al año.
Con la aplicación del conjunto de las medidas propuestas, se ha estimado que la reducción de emisiones de metano se habrá reducido a principios del 2025 en 487.000 toneladas al año, el equivalente a reducir 12,2 millones métricos de toneladas de dióxido de carbono o, lo que es lo mismo, reducir las emisiones de más de 1.100.000 hogares.
Cuando los vertederos alcancen el umbral establecido deberán instalar, en un plazo máximo de 30 meses, un sistema de captación de gas y de sistema de control del mismo. Los propietarios o responsables de la explotación que ya cuenten con dichos sistemas deberán expandir este sistema en aquellas nuevas áreas de los vertederos que estén en activo en los próximos 5 años y en 2 para las áreas ya clausuradas o próximas a su cierre.
Económicamente, la EPA estima los beneficios económicos de la aplicación de estas medidas en 750 millones de dólares, mientras que los costes asociados para aplicarlas ascenderían en 2025 a 55 millones de dólares.
En los costes se incluyen los relativos a la instalación y operación de sistemas de captación de gas y sistemas de control de emisiones y, en algunos vertederos, el coste de la conversión del gas de vertedero en electricidad. En realidad, en los costes también se visualizan los beneficios que podrían obtener los vertederos de la venta de capacidad de generación de electricidad al convertir el metano en fuente energética.
En este sentido, cabe destacar el trabajo continuado de la EPA con municipios y propietarios de vertederos para avanzar en la valorización energética de los gases que en ellos se genera, mediante la Agencia Landfill Methane Outreach Program
Pueden acceder al estudio sobre el impacto que supondría la aplicación de la nueva legislación propuesta en este enlace.
