El documento tiene por objetivo marcar las directrices para la identificación y conservación de los elementos del territorio que componen la Infraestructura Verde del territorio español, terrestre y marino, y para que la planificación territorial y sectorial que realicen las Administraciones Públicas permita y asegure la conectividad ecológica y la funcionalidad de los ecosistemas, la mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático, la desfragmentación de áreas estratégicas para la conectividad y la restauración de ecosistemas degradados.
El pasado 27 de octubre de 2020 el Consejo de Ministros aprobó la Estrategia Nacional de Infraestructura Verde y de Conectividad y Restauración Ecológicas en adelante, la Estrategia) , enmarcado en el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático.
La Estrategia da cumplimiento a la Ley 33/2015, de 21 de septiembre, por la que se modifica la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, y aborda uno de los problemas fundamentales para la conservación de la naturaleza en España: el deterioro de los ecosistemas y sus servicios, así como su fragmentación, fruto de 50 años de alteraciones por un desarrollo, a menudo, poco sostenible.
De acuerdo con la Comisión Europea, la Infraestructura Verde es una red estratégicamente planificada de espacios naturales y semi-naturales y otros elementos ambientales diseñados y gestionados para ofrecer una amplia gama de servicios de los ecosistemas. Incluye espacios verdes (o azules si se trata de ecosistemas acuáticos) y otros elementos físicos en áreas terrestres (naturales, rurales y urbanas) y marinas (Infraestructura verde: mejora del capital natural de Europa. Comunicación de la Comisión Europea, 2013).
Para poder cumplir con sus funciones, la Estrategia debe ser dinámica y adaptativa. La inversión en una Infraestructura Verde tiene también una lógica económica: optar por soluciones basadas en la naturaleza para, por ejemplo, mitigar los efectos negativos del cambio climático, es más rentable que sustituir esos servicios perdidos por soluciones tecnológicas.
La visión de futuro del documento es que en 2050 se habrá consolidado en España una Infraestructura Verde del territorio a escala nacional que garantice: la reducción de la fragmentación de hábitats y ecosistemas, la mejora de la conectividad ecológica del territorio, la provisión de servicios de los ecosistemas clave para el bienestar humano (de regulación, abastecimiento y culturales), la mitigación de los efectos del cambio climático, tanto en el ámbito del medio rural como en el urbano, y la mejora de la resiliencia climática y la capacidad de adaptación de las sociedades frente al cambio climático y los riesgos que conlleva.
Los 4 objetivos generales de la Estrategia son los siguientes:
- Aplicar herramientas de planificación y gestión territorial diseñadas desde un planteamiento que vincule lógicamente las actuaciones con los resultados esperados de conservación de la biodiversidad, de mantenimiento y restauración de la conectividad y la funcionalidad de los ecosistemas y sus servicios. Esta planificación y gestión se apoyará en la evaluación sistemática de los resultados como fuente de información para la mejora continua. La aplicación de estas herramientas debe contribuir a la mitigación de los efectos y presiones que los actuales modelos de desarrollo generan sobre el medio ambiente, así como a la adaptación ante cambios globales y difícilmente eludibles como el cambio climático.
- Fortalecer la coordinación efectiva entre las distintas Administraciones Públicas y sus respectivos órganos con el fin de implantar con éxito la Infraestructura Verde.
- Maximizar la integración transversal de los conceptos, objetivos y planteamientos de la Infraestructura Verde en los distintos niveles de la planificación territorial. La integración se alcanzará mediante la actuación de equipos humanos transdisciplinares adecuadamente formados y capacitados, el establecimiento de protocolos de priorización, la implementación de procedimientos adecuados de información y participación pública y el impulso y reconocimiento de las contribuciones propuestas o apoyadas por la sociedad civil.
- Promover la mejora del conocimiento, la investigación y la transferencia de información en el marco de los objetivos de la Infraestructura Verde, así como la difusión de información a todos los niveles de la sociedad, con el fin de conseguir una adecuada sensibilización acerca de la relevancia de este instrumento de conservación ambiental.
Estos cuatro objetivos generales se proyectan, a su vez, en ocho metas estratégicas:
- META 0. Identificar y delimitar espacialmente la red básica, a diferentes escalas, de la Infraestructura Verde en España.
- META 1. Reducir los efectos de la fragmentación y de la pérdida de conectividad ecológica ocasionados por cambios en los usos del suelo o por la presencia de infraestructuras.
- META 2. Restaurar los hábitats y ecosistemas de áreas clave para favorecer la biodiversidad, la conectividad o la provisión de servicios de los ecosistemas, priorizando soluciones basadas en la naturaleza.
- META 3. Mantener y mejorar la provisión de servicios de los ecosistemas de los elementos de la Infraestructura Verde.
- META 4. Mejorar la resiliencia de los elementos vinculados a la Infraestructura Verde favoreciendo la mitigación y adaptación al cambio climático.
- META 5. Garantizar la coherencia territorial de la Infraestructura Verde mediante la definición de un modelo de gobernanza que asegure la coordinación entre las diferentes escalas administrativas e instituciones implicadas.
- META 6. Incorporar de forma efectiva la Infraestructura Verde, la mejora de la conectividad ecológica y la restauración ecológica en las políticas sectoriales, especialmente en cuanto a la ordenación territorial y la ordenación del espacio marítimo, y la evaluación ambiental.
- META 7. Asegurar la adecuada comunicación, educación y participación de los grupos de interés y la sociedad en el desarrollo de la Infraestructura Verde.
Estas metas se desarrollan a través de diversas líneas de actuación. Asimismo, cada línea de actuación se llevará a cabo mediante acciones concretas (las cuales quedan fuera del marco estratégico, por lo que no se incluyen en la Estrategia nacional).
En el año 2050 debe estar completamente implementada. A dichos efectos, la Administración General del Estado (en adelante, AGE) desarrollará sus acciones en el ámbito de sus competencias mediante programas de trabajo trienales. Se desarrollará un primer programa de trabajo por parte de la AGE dentro del primer año tras la aprobación de la Estrategia nacional y con un marco temporal de tres años desde su aprobación, coincidiendo con el período para que cada una de las Administraciones autonómicas desarrolle sus propias Estrategias.
Tras este período, se llevará a cabo una revisión de la Estrategia nacional incorporando las acciones desarrolladas por la AGE durante el mismo y adaptándola al desarrollo llevado a cabo durante este período de la Infraestructura Verde europea.
En el contenido de las Estrategias de las Comunidades Autónomas deberán tenerse en cuenta los espacios protegidos, los hábitats en peligro de desaparición y de especies en peligro de extinción, las áreas de montaña, los cursos fluviales, los humedales, las vías pecuarias, las corrientes oceánicas, los cañones submarinos, etc., y su régimen jurídico, así como otras prescripciones de la Ley, tales como la mejora de la coherencia y la conectividad de la Red Natura 2000, en consonancia con lo establecido en la presente Estrategia, y de otras Leyes relacionadas materialmente con la finalidad o el contenido de la propia Estrategia (por ejemplo, en materia de ordenación del territorio y urbanismo, responsabilidad por daños ambientales, infraestructuras de transporte o vías pecuarias), así como, en el ámbito de sus competencias, la correspondiente legislación autonómica en la materia.
En cuanto al seguimiento de la Estrategia, se contienen como elementos del Plan de Seguimiento:
- Las fichas del grado de cumplimiento de las acciones: cada una de las acciones contará con su ficha de detalle en la que se indique el responsable, actuaciones y presupuesto asociado en los planes de gestión de los departamentos implicados.
- Los indicadores de seguimiento: se recogen en las fichas de acciones. Deben basarse en información de calidad y consistente, que refleje la realidad de la situación y den una medida de las acciones realizadas y su impacto.
- Los informes de seguimiento: comenzando en el año de aprobación de cada programa de acciones, se realizará un informe al completarse el mismo en el que se recogerá el grado de avance y ejecución de las acciones previstas en cada periodo. Cada una de las acciones contará con su ficha de detalle, con indicación del presupuesto asociado en los planes de gestión de los departamentos implicados, para favorecer su ejecución y seguimiento permanente.
- Los informes intermedios de evaluación: cada Administración en el marco de sus competencias, podrá establecer la elaboración de informes intermedios. Estos informes se llevarán a cabo en un marco temporal mayor, siendo un período adecuado a realizarlos cada 10 años. Estos informes intermedios, además de la recopilación de la información recogida en los informes de seguimiento, incluirán una evaluación en las desviaciones respecto a la Estrategia de manera global, proponiéndose medidas correctoras para los siguientes períodos. Preferiblemente, su elaboración será realizada por un organismo externo e independiente atendiendo a los criterios de transparencia, participación y colaboración. Para todo este proceso de evaluación se contará con el apoyo de un organismo externo experto y referente en la materia.
Los procesos de seguimiento y evaluación de las estrategias, tanto a nivel estatal como autonómico y local, deberán contar en todo momento con mecanismos de participación ciudadana y de los agentes socio-económicos.
Por lo que se refiere a la relación de la Estrategia con la lucha contra el cambio climático, cabe destacar que el desarrollo de la Infraestructura Verde es una de las más extensas herramientas aplicables, económicamente viables y efectivas para combatir los impactos del cambio climático y ayudar a las personas a adaptarse o mitigar los efectos adversos del cambio climático. De esta manera, y dado que el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021-2030 propone una serie de líneas prioritarias de trabajo, en esta Estrategia se considera adecuado incluir aquellos aspectos que guardan más relación con el desarrollo de la Infraestructura Verde para promover las sinergias entre ambos planes. Del mismo modo, se estima necesario considerar las necesidades de adaptación y mitigación al cambio climático como marco general en el desarrollo y aplicación de la Estrategia.
