La normativa española continúa sin regular todos los aspectos esenciales para el desarrollo del sector de la eficiencia energética. Este contexto deberá tenerse en cuenta en la evaluación y revisión de la Directiva 2012/27/UE en los aspectos relacionados con la eficiencia energética de los edificios. A tal efecto, la Comisión Europea ha abierto una consulta pública que se desarrollará hasta el 31 de octubre de 2015.
La Directiva 2002/91/CE sobre Eficiencia Energética en Edificios fue el primero y principal instrumento para abordar el problema de la eficiencia energética de los edificios. Ha establecido numerosos principios: una metodología confiable que permite el cálculo y la calificación de la eficiencia energética de los edificios; estándares mínimos de eficiencia energética para los edificios nuevos y los edificios existentes en el marco de reformas importantes; certificados de eficiencia energética; la inspección periódica de los sistemas de calefacción y aire acondicionado; y, por último, normas de calidad para las inspecciones y certificados de eficiencia energética. Los mismos fueron reforzados en 2010 por la Directiva refundida 2010/31/UE. Esta directiva también introduce un concepto decisivo para el desarrollo del sector de la construcción: ‘edificios de energía casi nula”.
En 2012, la nueva Directiva 2012/27/UE sobre Eficiencia Energética aborda otros aspectos. En el sector de la construcción, tres de ellos son particularmente importantes. Se refieren a: (1) el establecimiento de estrategias a largo plazo para la movilización de la inversión en la renovación del parque de edificios públicos; (2) la introducción de planes de ahorro para las empresas de energía ‘designadas’ con el fin de reducir el consumo entre los “consumidores finales” de energía en un 1,5% anual ‘; y (3), como una opción, la creación de un Fondo Nacional de Eficiencia Energética para apoyar las iniciativas de eficiencia energética. Esta Directiva también introduce los diferentes instrumentos puestos en marcha para difundir la información y la consulta: auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos, promoción de la eficiencia energética y contabilización de consumos; y la financiación de la UE para la eficiencia energética en los edificios.
Los resultados, sin embargo, son limitados por el momento. La mejora de la eficiencia energética de los edificios y el ritmo de renovación siguen siendo extremadamente débiles. A pesar del alto grado de flexibilidad permitido por las Directivas para su transposición, continúa habiendo una falta de voluntad por parte de los Estados miembros en la transposición y aplicación de estas Directivas en los plazos establecidos para ello y de forma adecuada. Tampoco parece óptimo el enfoque descentralizado elegido por los Estados Miembros para algunos aspectos específicos así como la diferenciación en la aplicación de los estándares de la Directiva de Eficiencia Energética de Edificios. La existencia de sistemas de financiación adecuados sigue siendo escasa. El déficit permanente de personal cualificado y formado así como la inercia de las autoridades públicas para transmitir a los ciudadanos lo que está en juego en este ámbito siguen siendo problemáticos. De ahí la necesidad de adoptar nuevas iniciativas para aprovechar los beneficios que el sector de la construcción puede aportar.
Un ejemplo, de la falta de voluntad del Estado español en la transposición de diferentes aspectos de la Directiva 2012/27/UE, lo tenemos en el Real Decreto que transpone la Directiva 2012/27/UE de Eficiencia Energética en lo referente a auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos, promoción de la eficiencia energética y contabilización de consumos, que debería haberse publicado antes del 5 de junio de 2014. Sin embargo, a día de hoy la normativa española continúa sin regular todos estos aspectos, esenciales para el desarrollo del sector de la eficiencia energética.
El mencionado Decreto lleva en proceso de tramitación un año y medio, desde que, a principios del año 2014, la Administración lo sacara a consulta pública. Diversos agentes del sector emitieron alegaciones (febrero de 2014) sin tener, a día de hoy, respuesta alguna ni conocimiento de su consideración. La demora ya ha supuesto la apertura a España de un procedimiento de infracción que la Comisión Europea notificó de manera oficial el pasado 22 de julio de 2014. Este procedimiento se abrió pocos meses después de que el Tribunal de Justicia de la UE condenara a España por el retraso en la adopción de normas orientadas a mejorar la eficiencia energética de los edificios.
Ante este contexto y como parte de la evaluación y revisión de la eficiencia energética de los edificios, según lo dispuesto en el art. 19 de la Directiva 2012/27/UE, la Comisión Europea ha abierto una consulta pública que se desarrollará hasta el 31 de octubre de 2015.
El objetivo de esta consulta es plantear a las partes interesadas diferentes cuestiones sobre la revisión de la eficiencia energética de los edificios y evaluar si la Directiva ha cumplido sus objetivos. La consulta también explorará cuestiones en relación con la Financiación Inteligente para la iniciativa de edificios inteligentes y la vinculación de la Directiva con otras áreas de la política energética.
La consulta pública está disponible en este enlace.
