El objetivo de esta consulta es reunir información sobre la manera en que inversores, gestores de activos y otros proveedores de servicios tienen en cuenta los factores ambientales, sociales y de gobernanza (los denominados criterios ESG) para la toma de decisiones en la adjudicación de inversiones así como detectar los posibles obstáculos para las inversiones sostenibles a largo plazo y caminar, de este modo, hacia una economía baja en carbono, resiliente desde el punto de vista climático sin olvidar los derechos fundamentales.
La consulta pública de la UE se abrió el pasado 18 de diciembre y finalizará el próximo 25 de marzo. Pueden consultarlo en el siguiente enlace:
Éstos son los apartados sobre los que pregunta el cuestionario:
- Justificación de la inclusión ESG en las decisiones de inversión.
- Información sobre los riesgos ESG y sus oportunidades.
- Integración de la información ESG en los modelos de evaluación de riesgos de los inversores institucionales y gestores de activos.
- Integración de los criterios ESG en los incentivos financieros.
- Capacidad de los inversores institucionales.
- Gobernanza interna y rendición de cuentas de los inversores institucionales.
- Rol de otros proveedores de servicios.
- Rol de inversores no profesionales.
- Restricciones legales o reglamentarias.
- Otros.
La incertidumbre económica y financiera ha generado disfunciones en la capacidad del sector financiero en canalizar los fondos hacia la economía real y, particularmente, en realizar inversiones a largo plazo. Es por ello que la Comisión Europea, el 25 de marzo de 2013, adoptó un Libro Verde sobre la financiación a largo plazo que marcó el despegue de una serie de debates y actuaciones con el objetivo de marcar prácticas que relancen y estabilicen la recuperación económica saliendo de la óptica económica del corto plazo.
En este documento se buscaban fórmulas para ver de qué manera podrían canalizarse mejor las necesidades de financiación a largo plazo en el ahorro de los Estados, de las empresas y de los hogares.
El 27 de marzo de 2014, la Comisión hizo una Comunicación al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la financiación a largo plazo de la economía europea (COM/2014/168 final).
En ella se hacía hincapié en cómo debían actuar las fuentes privadas de financiación a realizar inversiones a largo plazo, mencionaba los criterios que deberían tener en cuenta los bancos, las compañías de seguros, los fondos de pensiones y las cuentas de ahorro particulares. A su vez, hacía alusión a un mejor uso de las fuentes de financiación pública apuntando a los bancos nacionales de fomento y a los organismos de crédito a la exportación. La Comunicación también presenta fórmulas para mejorar el desarrollo de los mercados de capitales europeos mediante mercados de renta variable y de renta fija empresarial, operaciones de titulación, bonos garantizados y colocaciones privadas. Otra de las cuestiones abordadas y que también se subrayaban en el Libro Verde sobre la financiación a largo plazo es la importancia en mejorar la financiación a las PYME (las cuales representan en torno a los dos tercios del empleo y casi el 60% del valor añadido en Europa según la UE) y atraer fondos privados para sufragar infraestructuras de cara al 2020. En su séptimo punto, la Comunicación hace hincapié en mejorar el marco general para una financiación sostenible en el que se hace mención a los criterios ESG (Environmental, Social and Governance) de carácter transversal y son los que dan forma en cómo se gestionan los activos y que, por lo tanto, resultan muy relevantes para la financiación a largo plazo, así como las normas contables y el entorno tributario y jurídico.
Otro de los documentos que se han tenido en cuenta para realizar esta consulta es el El Plan de Acción para la construcción de una Unión de Mercados de Capital[COM/2015/468 final] de 30 de septiembre de 2015.
En él se ponen de manifiesto las mejoras que deben realizarse en el sino de la UE para fortalecer su capital y permitir una financiación que mejore los mercados internos.
Es en este contexto, la Comisión lanza esta consulta pública que pretende analizar los estándares ESG (Environmental, Social and Governance) para que puedan ser efectivos en su aplicación.
Los criterios ESG son aquellos que tienen en cuenta los factores ambientales, sociales y los de gobernanza. En cierto modo, podría decirse que es la adopción de los 3 pilares sobre los cuales la Conferencia de Río de Janeiro de 1992, apuntó que debían abordarse como base para la mejora del desarrollo sostenible en cualquiera de sus formas y que parece estar llegando ahora a las instancias financieras.
En 2010, el World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP) presentaron un documento sobre esta cuestión titulado: “Traduciendo los factores ambientales, sociales y de gobierno en un valor empresarial sostenible. Información clave para las empresas y los inversores.”, que pueden consultar en el siguiente enlace y en los que se detallan los criterios ESG e incluso por sectores.
En 2015, el Pacto Mundial, junto con la UNEP, Principles for Responsible Investment y Naciones Unidas presentaron una guía para la información ESG dirigida a inversores. Como en el caso de los informes del Pacto Mundial de Responsabilidad Social Corporativa, que son voluntarios por parte de las empresas u organizaciones que se adhieren al mismo, esta guía también tiene carácter voluntario.
