Baleares aboga por el cambio climático y la transición energética

El proyecto de Ley fija las medidas necesarias para avanzar hacia un modelo del 100% de energías limpias en el año 2050. También se destaca por las limitaciones en los vehículos contaminantes (diésel en 2025) y el cierre o la reconversión de centrales contaminantes.

El pasado 12 de febrero de 2019 el Parlamento de las Illes Balears ha aprobado el Proyecto de ley de Cambio Climático y Transición Energética de las Illes Balears. La norma destaca por su lucha contra el cambio climático y fija el camino para hacer efectiva la transición hacia las energías limpias. En espera de la publicación en el Boletín Oficial de les Illes Balears (BOIB), les facilitamos el enlace de la nota emitida por el Parlamento autonómico sobre dicha ley.

El objeto de la norma es el cumplimiento de los compromisos internacionales que emanan del Acuerdo de París mediante el ordenamiento de las acciones encaminadas a la mitigación y la adaptación al cambio climático en las Islas Baleares, así como la transición a un modelo energético sostenible, socialmente justo, descarbonizado, inteligente, eficiente, renovable y democrático.

Como antecedentes de la norma cabe destacar el Plan de Mitigación del Cambio Climático en las Illes Balears 2013-2020, aprobado el año 2014 por el Gobierno autonómico de las Illes Balears. El Plan tenía como objetivo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero un 20% en 2020 respecto de las emisiones de 2005.

Posteriormente, en septiembre de 2017, el Consejo de Gobierno de las Illes Balears acordó adherirse a los objetivos y las líneas de actuación del Acuerdo de París, así como fomentar las políticas autonómicas necesarias para la adaptación del territorio y de los sectores económicos de las Illes Balears a los impactos del cambio climático.

Tal como dispone la exposición de motivos de la norma, las Illes Balears, por el hecho insular, son especialmente vulnerables al cambio climático. En buena parte lo son porque se prevé que el incremento medio de temperatura en el archipiélago será superior a la media global, según la Agencia Española de Meteorología. En los últimos 40 años, se ha experimentado un incremento de 0,3ºC por década en la temperatura media, mientras que para los próximos años se prevé un incremento de entre 2 y 5 grados.

En cuanto a los impactos concretos, un estudio de la vulnerabilidad de los diferentes sectores de las Illes Balears a los efectos del cambio climático encargado por el Gobierno de las Illes Balears en el 2015, concluyó que los principales factores climáticos que se prevé que afecten al archipiélago son el incremento de la temperatura media, la disminución de la precipitación media y el aumento de acontecimientos extremos, como olas de calor o lluvias intensas. Estos factores crean un nivel de riesgo ante el cambio climático alto para los sectores del agua, el territorio, el turismo y la salud; y un riesgo significativo para el medio natural, la energía y el sector primario.

Entre los impactos concretos previstos, destacan una exposición significativa al peligro de sequía meteorológica e hidrológica, riesgo de inundaciones e impactos sobre las diferentes infraestructuras, la pérdida de atractivo turístico por las condiciones adversas, la pérdida de cultivos por acontecimientos extremos o la aceleración de procesos de desertización o pérdida de ecosistemas costeros.

Además de ello, se da la circunstancia que las Illes Balears son la comunidad autónoma con mayor dependencia energética exterior y menor implantación de renovables. Una parte importante de los combustibles fósiles utilizados en la generación de electricidad, como el carbón o el fuel, son especialmente contaminantes. La ratio de coches privados por habitante es superior a la media estatal.  Según un reciente informe elaborado por la Universidad de las Illes Balears, el archipiélago balear constituye el territorio que registra el mayor índice de intensidad turística de los territorios insulares del mundo.

Ante tal escenario, la presente Ley pretende dar respuesta a los graves riesgos que amenazan a las Illes Balears, según las vigentes políticas y estrategias de la Unión Europea en ámbitos como el transporte, la movilidad, el medio ambiente o la energía, y también de acuerdo con las aportaciones llevadas a cabo durante el proceso participativo. Al respecto, cabe destacar que durante la elaboración de la norma ha habido un amplio proceso de participación, con más de 2.000 actores implicados (empresas, entidades sociales, asociaciones y particulares).

Según la administración este espíritu es el que ha marcado también la última fase de este texto, con el periodo de alegaciones, el estudio y la incorporación del texto normativo. Es destacable que el 80 % de las alegaciones se ha incorporado y que solo poco más del 19 % se ha desestimado.

Respecto las centrales contaminantes, se dispone su cierre progresivo, a partir del 2020. En este sentido, entre las centrales afectadas, se mencionan Es Murterar, Mahón, Ibiza y Formentera.

En cuanto al contenido de la norma, ésta se estructura en siete títulos, nueve disposiciones adicionales, cuatro disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y cinco disposiciones finales.

Las determinaciones de la Ley son vinculantes para todas las políticas y las actividades, públicas y privadas, en el ámbito territorial de las Islas Baleares.

A modo de conclusión, el Proyecto de ley se marca como propósito tener unas islas libres de combustibles fósiles y el 100 % de energías renovables en 2050. Para el 2030, prevé disponer un 35 % de renovables, un 23 % de reducción del consumo energético y una disminución del 40 % de las emisiones contaminantes.


lsorianomontagut@terraqui.com
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Abogada, licenciada en Derecho por la Universidad de Lleida (2000). Estancia de un año académico en la Università degli Studi di Ferrara (1998-1999). Master en Dirección urbanística e inmobiliaria por la UAB (2001) y Máster Profesional de Estudios Territoriales y Urbanísticos, con el diploma de Técnica Urbanista por la Universidad Politécnica de Cataluña, la Universidad Pompeu Fabra y la Escuela de Administración Pública de Cataluña ( 2009). Cuenta con más de quince años de ejercicio profesional en la administración pública local y autonómica, y también en el ámbito privado desde el año 2012. Especialista en derecho administrativo, territorial y urbanístico. Secretaria de la Asociación Española de Técnicos Urbanistas desde el año 2015 y de su Agrupación Catalana. 10 años de ejercicio profesional fundamentalmente en la administración pública local y autonómica. Especializada en derecho administrativo, territorial y urbanístico.

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