De la relación de las 178 sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional en 2019, según la memoria publicada el pasado miércoles, 9 tratan sobre asuntos de orden ambiental, concretamente, en materia de protección ambiental, fiscalidad, medio natural, evaluación de impacto y cambio climático.
A continuación, se hace un breve resumen de cada una de las sentencias en materia ambiental que ha emitido el Tribunal Constitucional en 2019:
Pleno. Sentencia 22/2019, de 14 de febrero de 2019. Cuestión de inconstitucionalidad 4200-2018. Planteada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en relación con el artículo 6 de la Ley 7/2011, de 26 de diciembre, de medidas fiscales y de fomento económico en la Región de Murcia.
Esta resolución versa sobre los límites de la potestad tributaria de las comunidades autónomas y la constitucionalidad de los preceptos legales que regulan el impuesto regional sobre instalaciones que incidan en el medio ambiente, en cuyo supuesto se constata que no incurría en doble imposición por solapamiento con el impuesto local sobre actividades económicas (STC 120/2018), pronunciamiento en el que se formularon tres votos particulares discrepantes que consideran que la cuestión de inconstitucionalidad debió haber sido estimada.
Pleno. Sentencia 43/2019, de 27 de marzo de 2019. Recurso de inconstitucionalidad 6367-2017. Interpuesto por el presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 5/2017, de 28 de marzo, de medidas fiscales, administrativas y del sector público y de creación y regulación de los impuestos sobre grandes establecimientos comerciales, sobre estancias en establecimientos turísticos, sobre elementos radiotóxicos, sobre bebidas azucaradas envasadas y sobre emisiones de dióxido de carbono.
En esta resolución relativa a los límites de la potestad tributaria de las comunidades autónomas, el TC declara la inconstitucionalidad de la regulación del impuesto contenida en la Ley Catalana 5/2017 sobre el riesgo medioambiental de la producción, manipulación y transporte, custodia y emisión de elementos radiotóxicos, al tratarse de un impuesto equivalente al estatal sobre la producción de combustible nuclear. Así, el objeto de ambos gravámenes recae sobre la producción de energía eléctrica de una central nuclear desde la misma perspectiva, esto es sobre las externalidades negativas que supone este tipo de energía, medida por los riesgos que comporta. También son coincidentes en ambos tributos sus fines extrafiscales, siendo el más relevante el riesgo de accidente nuclear. Se emite un voto particular que considera que la regulación del impuesto sobre elementos radiotóxicos es plenamente respetuosa con la configuración constitucional del poder tributario autonómico, siendo constitucionalmente legítima la finalidad extrafiscal, tendente a la protección ambiental, de dicho tributo.
Pleno. Sentencia 79/2019, de 5 de junio de 2019. Recurso de inconstitucionalidad 6904-2018. Interpuesto por el presidente del Gobierno respecto del artículo primero, apartado cinco, de la Ley de las Cortes de Castilla-La Mancha 2/2018, de 15 de marzo, por la que se modifican la Ley 3/2015, de 5 de marzo, de caza de Castilla-La Mancha y otras normas en materia medioambiental y fiscal.
En esta sentencia sobre sobre sistema responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas y competencias sobre su régimen jurídico e infraestructuras, el Pleno del Tribunal estimó parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el presidente del Gobierno respecto de la Ley de las Cortes de Castilla-La Mancha 2/2018, de 15 de marzo, por la que se modificaron la Ley 3/2015, de 5 de marzo, de caza de Castilla-La Mancha y otras normas en materia medioambiental y fiscal. El precepto impugnado atribuía a los titulares de las infraestructuras de transportes la responsabilidad por los daños que en ellas pudieran causar las especies cinegéticas, opción que la sentencia descartó que invadiera la competencia estatal sobre el sistema de responsabilidad patrimonial. No obstante, la STC 79/2019 precisó que el precepto no era aplicable a las infraestructuras de titularidad estatal.
Pleno. Sentencia 86/2019, de 20 de junio de 2019. Recurso de inconstitucionalidad 5049-2017. Interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Unidos Podemos–En Comú Podem–En Marea en el Congreso respecto de diversos preceptos de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del suelo y de los espacios naturales protegidos de Canarias.
La STC 86/2019, de 20 de junio, estimó parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por más de cincuenta diputados del grupo parlamentario en el Congreso Unidos Podemos–En Comú Podem–En Marea respecto de diversos preceptos de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del suelo y de los espacios naturales protegidos de Canarias. Esta sentencia declaró la nulidad de los preceptos legales autonómicos que regulaban los usos, actividades y construcciones ordinarios específicos en suelo rústico, definían el objeto de los proyectos de interés insular o autonómico, permitiendo su ejecución con independencia de la clasificación urbanística del suelo y limitaban el objeto de la evaluación de impacto ambiental de proyectos que afectaran a la red Natura 2000. A su vez, esta resolución estableció la interpretación conforme de los preceptos que enuncian los derechos de los propietarios de suelo rústico; los usos, actividades y construcciones ordinarios y autorizables en esta categoría de suelo y el alcance de las determinaciones y condiciones de los proyectos de interés insular o autonómico.
Pleno. Sentencia 87/2019, de 20 de junio de 2019. Recurso de inconstitucionalidad 5334-2017. Interpuesto por el presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 16/2017, de 1 de agosto, del cambio climático.
La STC 87/2019, de 20 de junio, dictada en recurso de inconstitucionalidad, declaró la nulidad parcial de distintos preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 16/2017, de 1 de agosto, del cambio climático, relativos a los presupuestos de carbono y el sistema de comercio de derechos de emisión, políticas sectoriales, que regulaban el destino de ingresos derivados de la participación en sistemas de comercio de emisión de gases de efecto invernadero o de otros instrumentos de fiscalidad ambiental estatal o, en fin, declaraban el Mediterráneo zona libre de prospecciones y actividades de extracción y explotación de hidrocarburos. La sentencia estableció la interpretación conforme de otros preceptos legales autonómicos, entre ellos el relativo al cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de cambio climático, finalidad de la ley o la atribución a la administración autonómica de competencias de autorización, supervisión, control y seguimiento de las actividades incluidas en el régimen de comercio de derechos de emisión.
Pleno. Sentencia 113/2019, de 3 de octubre de 2019 Recurso de inconstitucionalidad 2882-2019. Interpuesto por el presidente del Gobierno respecto de los apartados tercero y sexto del artículo único de la Ley 9/2018, de 31 de julio, por la que se modifica la Ley 12/2016, de 17 de agosto, de evaluación ambiental de las Illes Balears.
En esta decisión en materia de competencias sobre medio ambiente y evaluación ambiental, se anuló el inciso de la Ley 9/2018, de 31 de julio, por la que se modifica la Ley 12/2016, de 17 de agosto, de evaluación ambiental de las Illes Balears, que sometía los planes y programas aprobados por el Consejo de Ministros a evaluación ambiental estratégica, a realizar por la propia administración autonómica. En consonancia con este criterio, estableció la interpretación conforme de los preceptos que definen el ámbito subjetivo de aplicación del régimen de evaluación ambiental, excluyendo en todo caso a la administración del Estado.
Pleno. Sentencia 134/2019, de 13 de noviembre de 2019 Cuestión de inconstitucionalidad 2560-2019. Planteada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, respecto del art. 11.3.1 b), párrafo segundo, de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del suelo y ordenación territorial de Extremadura, en la redacción dada por la Ley 9/2011, de 29 de marzo, y la disposición adicional única de esta última ley.
En este asunto el TC anula el citado precepto, por contravenir la normativa básica estatal y el Derecho de la Unión Europea, que delimita la Red Ecológica Europea Natura 2000 como un sistema de protección de los Lugares de Importancia Comunitaria, por cuanto el mismo introduce una regla especial para los terrenos incluidos en la Red Natura 2000 con el fin de que puedan ser objeto de transformación urbanística, incumpliendo con ello dicha posibilidad la Ley del Suelo.
Tal modificación legislativa aconteció pocos días después de que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura anulara el Proyecto de Interés Regional “Complejo turístico, de salud, paisajístico y de servicios Marina Isla de Valdecañas”, cuyo objetivo era la construcción en una isla de un complejo turístico, con hoteles, bungalós, campo de golf y otros equipamientos deportivos y de ocio, en los términos municipales cacereños de El Gordo y Berrocalejo, que forma parte de una Zona Especial de Protección de Aves.
La ley estatal del suelo protege estos terrenos de la transformación mediante la urbanización y someten cualquier alteración de los mismos a la preservación de los valores ambientales. Así, la reducción de la superficie de los espacios naturales o la exclusión de ciertos terrenos de los mismos debe ser justificada y acreditarse que dichos cambios responden a una evolución natural del terreno. A su vez, debe, en los casos de Red Natura 2000, someterse a información pública y aprobación por parte de la Comisión Europea.
En este sentido, la previsión autonómica de transformación urbanística condicionada a que lo permita la evaluación ambiental, es incompatible con las reglas básicas.
El voto particular emitido considera que no puede concluirse sin más que la inclusión de un terreno en la Red Natura 2000 impide cualquier transformación urbanística ya que la mera inclusión de unos terrenos en la Red Ecológica Natura 2000 no determina por si sola su clasificación como suelo no urbanizable, siendo posible una transformación urbanística que resulte compatible con la preservación de los valores ambientales necesarios para la integridad del área.
Sala Segunda. Sentencia 152/2019, de 25 de noviembre de 2019 Cuestión de inconstitucionalidad 2561-2019. Planteada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, respecto del artículo 11.3.1 b), párrafo segundo, de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del suelo y ordenación territorial de Extremadura, en la redacción dada por la Ley 9/2011, de 29 de marzo, y de la disposición adicional única de esta última ley.
En este caso relativo a competencias de protección ambiental y urbanismo, se declara la extinción de la cuestión de inconstitucionalidad, por pérdida sobrevenida del objeto, por cuanto iba referida a un precepto legal anulado por la STC 134/2019, de 13 de noviembre, comentada anteriormente.
Pleno. Sentencia 161/2019, de 12 de diciembre de 2019 Recurso de inconstitucionalidad 878-2019. Interpuesto por más de cincuenta diputados del grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú y Podem-En Marea, respecto de la Ley de la Asamblea Regional de Murcia 10/2018, de 9 de noviembre, de aceleración de la transformación del modelo económico regional para la generación de empleo estable de calidad.
En este asunto sobre principios de seguridad jurídica y autonomía local y de competencias de protección ambiental, se enjuicia la Ley de la Asamblea Regional de Murcia 10/2018, de 9 de noviembre, de aceleración de la transformación del modelo económico regional para la generación de empleo estable de calidad. Esta sentencia declaró la nulidad de los preceptos legales autonómicos que introducían un incentivo de edificabilidad para la renovación hotelera y privaban de la condición de instrumentos de planeamiento ambiental a las normas transitorias de ordenación. Igualmente, la STC 161/2019 estableció la interpretación conforme con la Constitución de los preceptos legales autonómicos con incidencia sobre la protección del dominio público marítimo-terrestre, subrayando la necesaria salvedad de las competencias estatales en la materia, las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y la regularización de actividades carentes de licencia urbanística.
La memoria del Tribunal Constitucional 2019 puede consultarse en este enlace.
