Mediante hoja informativa sobre el paquete de infracciones del mes de octubre del presente año, la Comisión vuelve a instar a España que proceda a la aplicación de medidas de cierre o sellado de sus vertederos ilegales. Este asunto ya fue requerido en el año 2007 y sigue sin resolverse.
La cuestión del estado de los vertederos en España ya fue señalada en el 2007 por la Comisión a raíz de una evaluación de cumplimiento de los Estados miembros de la Directiva de Residuos. En 2008 la Comisión envió a España una advertencia en la que le instaba a cerrar y restaurar 87 vertederos ilegales que, por entonces, recibían hasta 660.000 toneladas de residuos anuales. A parte, también le requería restaurar un gran número de vertederos que ya habían sido cerrados.
Ante la persistencia de la existencia de vertederos ilegales, la Comisión decidió llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE “por la insuficiente gestión a la que se someten los residuos en las regiones de Andalucía, Islas Baleares, Islas Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Murcia”. Por aquel entonces, la Comisión señalaba que se debían tomar medidas de clausura, sellado y restauración ecológica de 61 vertederos ilegales. Pueden acceder al anuncio de la Comisión de llevar España ante los tribunales en este enlace.
El 15 de marzo de 2017, el TJUE dicta sentencia declarando el incumplimiento respecto a las obligaciones de la Directiva 2008/98/CE de 19 de noviembre de 2008 sobre los residuos, concretamente las derivadas de los artículos 13, relativo a la protección de la salud humana y el medio ambiente, y 15.1, sobre la responsabilidad de la gestión de residuos, ordenando, a su vez, dicha resolución judicial a la adopción de las medidas necesarias tendentes a la observancia de dichas obligaciones.
Ahora, la Comisión Europea vuelve a incidir en esta cuestión al anunciar el envío de una nueva carta de emplazamiento en los siguientes términos:
“La Comisión Europea insta a España a que adopte medidas conducentes al cierre, sellado y regeneración de todos los vertederos restantes de residuos inertes, según exige la Directiva marco sobre los residuos. Estos vertederos representan un peligro para la salud humana y el medio ambiente. España ha incumplido los deberes de control, inspección y garantía de cumplimiento en relación con el vertido de residuos, y no ha adoptado medidas para garantizar que los productores iniciales o los poseedores de los residuos realicen el tratamiento necesario. Esto constituye un incumplimiento sistemático de las obligaciones derivadas de los artículos 13 y 15 de la Directiva. La primera carta, que se envió a España en diciembre de 2015, no estuvo seguida de medidas decisivas. Existen pruebas fehacientes de que todavía hay al menos trescientos treinta y ocho vertederos incontrolados pendientes de cierre o tratamiento. La Comisión envía ahora otra carta de emplazamiento, a la que España tiene dos meses para responder.”
